Dos días de Pleno y un intenso debate para dar marcha atrás. Los 28 magistrados de lo Contencioso del Tribunal Supremo se han inclinado, por una estrechísima mayoría, por avalar la jurisprudencia tradicional y obligan al cliente a continuar pagando el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La jurisprudencia que estableció que el impuesto de las hipotecas lo pagaban los bancos no ha llegado a los 20 días de vida. El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado, tras dos jornadas repletas de deliberaciones y en una completa división, que las cosas vuelvan al momento anterior al derrumbe en Bolsa de las entidades financieras (hecho este que, según algunos, nada ha tenido que ver con la decisión adoptada).

Quien paga el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es el que solicita el crédito, las cosas vuelven a donde estaban, pero ahora con un daño a la imagen del Supremo y una sensación de descrédito en la justicia y las instituciones del estado.

Personalmente sigo creyendo firmemente en la separación de poderes y en el Estado, Social, Democrático y de Derecho que nos hemos dado, no obstante pensar que, si hubiese sido “Pepito Pérez” el litigante justiciable y no la todopoderosa banca (es decir uno de los poderes fácticos que mueven el mundo) la decisión no hubiese sido la misma es ser demasiado iluso. La política de despachos sin luz y taquígrafos, las reuniones extraoficiales y la condescendencia con el poder, siempre ha sido algo innato en nuestro país, siempre es peor lo que no se ve, que lo que sale a la luz y por todos es sabido que poderoso caballero es Don dinero.